En el ámbito digital, la libertad de expresión se encuentra en una encrucijada crucial, con tendencias preocupantes en España y Europa. Recientemente he publicado el artículo «La primera sentencia general del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión e información en Internet. Seguimos pendientes de muchos temas clave para el futuro”, en el que aprovecho para revisar la jurisprudencia española y europea en la materia,
ahí se formulan muchas preguntas a las que se dan ( o se intenta) algunas respuestas:
- ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de las libertades informativas en el ámbito digital por parte de los tribunales españoles?
- ¿En qué aspectos específicos se percibe la falta de liderazgo del Tribunal Constitucional español en comparación con su homólogo estadounidense?
- ¿Cuáles son las decisiones más controvertidas del TEDH en materia de libertades digitales y cómo han impactado en la jurisprudencia europea?
- ¿Cómo han contribuido las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la configuración del actual panorama de las libertades informativas en internet?
- ¿Cuál ha sido el enfoque del Tribunal Constitucional español respecto a las libertades informativas en internet y qué críticas ha recibido?
- ¿Qué aspectos clave podrían haberse desarrollado más en la sentencia 8/2022 del Tribunal Constitucional español?
- ¿Cuáles son las principales incógnitas que el Tribunal Constitucional aún debe despejar en relación con las libertades informativas en internet?
- ¿Cómo ha contribuido la sentencia del Tribunal Supremo a fortalecer las libertades informativas en internet y por qué se considera un hito?
Espero que te guste esta invitación a reflexionar sobre el futuro de nuestras libertades digitales.
Y sobre la peligrosa deriva del TEDH, concretamente dediqué un artículo (ACCESO AQUÍ)
“Menos libertad de expresión en internet: el peligroso endurecimiento del TEDH sobre la responsabilidad de moderación de contenidos y discurso del odio”, en Revista de Derecho Digital e innovación, Aranzadi La Ley, número 16, 2023.
