Sin garantías no hay buena administración inteligente… Mi prólogo a un excelente libro ya en abierto
Acaba de publicarse el libro de Bernardo D. Olivares Olivares Sistemas de Inteligencia Artificial en la Agencia Estatal de Administración Tributaria: despliegue tecnológico y control jurídico, editado en acceso abierto por Atelier (Madrid, 2026). He tenido el honor de escribir el prólogo, que aborda el uso de sistemas de inteligencia artificial por las administraciones públicas y las garantías que deben acompañar a su utilización.
El libro está disponible en acceso abierto en el siguiente enlace: https://atelieropenaccess.com/products/sistemas-de-inteligencia-artificial-en-la-agencia-estatal-de-administracion-tributaria-despliegue-tecnologico-y-control-juridico
La obra aborda una cuestión central para el futuro del derecho público. ¿Qué sistemas tecnológicos está utilizando realmente la Administración tributaria? ¿En qué medida esos sistemas pueden calificarse jurídicamente como inteligencia artificial? ¿Qué garantías exige el derecho de protección de datos cuando la actuación administrativa se apoya en sistemas automatizados capaces de analizar grandes volúmenes de información? ¿Existe hoy una base legal suficiente para el uso intensivo de estas tecnologías por las administraciones públicas?
Aquí tienes acceso al prólogo, ‘Sin garantías no hay buena administración inteligente’, en el que expongo algunas ideas que me parecen decisivas para orientar este debate: https://www.uv.es/cotino/publicaciones/prologo_indice.pdf
En primer lugar, la incorporación de la inteligencia artificial a la actuación administrativa no puede entenderse únicamente como una opción tecnológica, es un deber, incluso un derecho exigible en algunos contextos. La Administración siempre ha incorporado las herramientas que han permitido mejorar su funcionamiento. Hoy resulta difícil imaginar una Administración eficaz sin informática, sin internet o sin sistemas avanzados de gestión de datos. Todo indica que algo similar ocurrirá con la inteligencia artificial. La Administración no solo debe modernizarse incorporando nuevas tecnologías, sino también innovar en sus formas de actuación y en la prestación de los servicios públicos.
En segundo lugar, que esa innovación tecnológica solo puede ser legítima con el cumplimiento de los derechos y garantías. Sin garantías no hay buena administración inteligente. El uso de sistemas analíticos avanzados obliga a replantear cómo se articulan principios como la transparencia, la explicabilidad, la responsabilidad administrativa o el control jurídico de las decisiones públicas.
En tercer lugar, que el derecho de protección de datos desempeña un papel central en esta arquitectura de garantías. Si existe tratamiento de datos personales, algo nada extraño, entre otras se activan exigencias propias de este derecho fundamental: bases legales suficientes, minimización de datos, privacidad desde el diseño, evaluaciones de impacto y mecanismos efectivos de transparencia y control.
En este contexto, el libro de Bernardo Olivares aporta una contribución especialmente valiosa. No se limita a reflexionar de forma abstracta sobre inteligencia artificial y sector público. Realiza un trabajo empírico poco habitual en la literatura jurídica española: reconstruir el ecosistema tecnológico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a partir del análisis de planes de control, contratos públicos y otros documentos institucionales, para examinar después su encaje jurídico desde el Derecho tributario, el Derecho administrativo, el derecho de protección de datos y el Reglamento europeo de inteligencia artificial.
El resultado es una investigación rigurosa, documentada y muy útil para comprender cómo se está produciendo realmente la transformación tecnológica de las administraciones públicas y qué problemas jurídicos plantea.
Más allá de las tesis que sostenga para los casos y usos concretos que refiere y su valoración, quiero felicitar muy sinceramente a Bernardo Olivares por este trabajo. Estoy convencido de que se convertirá en una referencia importante en el debate sobre inteligencia artificial, administración pública y protección de derechos
